El capítulo colombiano del escándalo de corrupción de Odebrecht ha alcanzado el entorno del presidente Juan Manuel Santos y del exmandatario Álvaro Uribe por la vía de la financiación de la campaña electoral de 2014 y se perfila como un factor determinante en las presidenciales del año próximo.
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Judicial

La corrupción carcome a Colombia

El Congreso, uno de los templos de la corrupción en Colombia

El capítulo colombiano del escándalo de corrupción de Odebrecht ha alcanzado el entorno del presidente Juan Manuel Santos y del exmandatario Álvaro Uribe por la vía de la financiación de la campaña electoral de 2014 y se perfila como un factor determinante en las presidenciales del año próximo.

La Constitución colombiana prohíbe a los partidos y candidatos a cargos públicos recibir donaciones para sus campañas de personas o empresas extranjeras, por lo cual, en caso de comprobarse que entró dinero en los comicios presidenciales de 2014, estarían sujetos a sanciones que van desde las pecuniarias hasta la pérdida del cargo.

Hasta ahora la Fiscalía General ha logrado establecer que los 11,1 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos en Colombia para obtener licitaciones de obras de infraestructura, según el Departamento de Justicia de EE.UU., fueron a parar a manos de dos políticos uribistas ya detenidos –Gabriel García Morales y Otto Bula-, pero la investigación busca descubrir quién más se benefició de este ilícito.

Es en este punto donde el caso adquiere una connotación política mayor, ya que uno de los detenidos, el controvertido exsenador Otto Bula, señalado como receptor de 4,6 millones de dólares de la constructora, implicó directamente a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos a la reelección en las presidenciales de 2014.

Estrategia uribista

Hasta ahora no existe prueba alguna de esa supuesta operación, que es vista por el Gobierno como un intento de la oposición uribista de “defenderse atacando con mentiras”, en palabras del secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso.

Coincidencia o no, hasta el martes, día en que la Fiscalía hizo el anuncio que compromete a Prieto, las pistas de la corrupción de Odebrecht apuntaban más hacia el otro lado, pues el también detenido Gabriel García Morales, quien fue viceministro de Transporte durante parte del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, admitió haber recibido 6,5 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el país asistía perplejo a la reacción del uribismo tomando distancia de Óscar Iván Zuluaga, candidato de su partido, el Centro Democrático, en las pasadas elecciones presidenciales, luego de que el publicista brasileño Duda Mendonça dijera al semanario Veja que Odebrecht le pagó parte de sus honorarios como asesor del político hace tres años.

El uribismo, que suele defender con uñas, mentiras y dientes a los suyos ante cualquier denuncia, esta vez dejó solo a Zuluaga, quien pasó a segundo plano a nivel nacional con la revelación de que el gerente de la campaña de Santos pudo haber recibido dinero producto de las coimas de Odebrecht.

El escándalo ha saltado en la política colombiana justo cuando el país está ad portas de iniciar la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, en las cuales la lucha contra la corrupción debe ser un tema central del debate ante la magnitud del caso Odebrecht, en el cual todavía hay mucha tela para cortar, pues se especula que puede haber congresistas y alcaldes implicados.

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Ubicada en Judicial · febrero 10, 2017 · Comments (0)

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